MONITOREO BENEFICIOSO (?)

     Los profesores Fábrega y Paredes en su columna del diario electrónico El Mostrador hacen una exposición donde afirman que el monitoreo del Gobierno a las redes sociales debe entenderse como algo positivo para los ciudadanos, pues nos permitiría ser escuchados (según las palabras de los columnistas) para la formación de nuevas políticas públicas (siendo sujetos de ellas, no sólo objetos); sería una forma de avanzar hacia un Gobierno 2.0, para graficar ello dan como ejemplo la escritura colectiva de la Constitución de Islandia o el documento Civil Servant. Junto a esto, los profesores nos explican que ya estamos siendo monitoreados por empresas de todo tipo (marketing, retail, bancarias, encuestadoras, etc.) y que el monitoreo que nos hacen, en base a nuestras opiniones públicas en las redes sociales, les permitiría conocer nuestros gustos, opiniones políticas e, incluso, tener alguna idea más o menos clara de la ubicación geográfica del usuario de la red social, favoreciendo el desarrollo de sus productos hacia lo que los consumidores requerirían.

            Desde mi perspectiva de simple usuario de redes sociales no puedo dejar pasar la oportunidad de referirme a este tema; no sólo estos profesores han manifestado su extrañeza respecto al temor de los usuarios, pues se trata de opiniones de carácter público las que emitimos en las redes sociales (del mismo modo han argumentado desde diversos periodistas hasta los mismos integrantes del Gobierno). Yo estoy de acuerdo en la premisa que nuestras opiniones aquí son públicas, mi problema radica en otro punto, en la geolocalización que permitiría este monitoreo del Gobierno (no la que, según Fábrega y Paredes, se puede extraer del monitoreo de redes que ya hacen otras empresas); no sólo les permitiría tener una idea más o menos clara de la ciudad en que vivimos, sino que permitiría identificar la dirección física desde donde se emite el comentario monitoreado y ese es, precisamente, mi reparo. Ese excesivo poder que tendría el Gobierno lo acercaría a un Estado Policial, una especie de Stasi moderna.

            Es cierto que, bien utilizado el mecanismo, se pueden obtener beneficios para la ciudadanía, pero ello requiere la existencia previa de lo que los autores llaman Gobierno 2.0, no se puede esperar que de estos mecanismos surja ello si aún existen lógicas de la vieja política dónde –en nuestro sistema- el Presidente tiene un poder que lo convierte en un cuasi monarca. Respecto a lo beneficioso, el caso de la Constitución de Islandia parece ser una gran demostración de cómo funciona un Gobierno 2.0 en el monitoreo de las redes; pero los autores parecen obviar un dato que, a mi juicio, es sumamente relevante: en 2008 la ciudadanía de Islandia ‘derrocó’ a su Gobierno de entonces (que seguía las lógicas de la política del siglo XX) y es sólo a partir de este hecho que Islandia se mueve hacia una política del siglo XXI, donde hay un papel fundamental para las personas, existe un Gobierno 2.0 y el monitoreo retroalimenta a todos los actores sociales.

            Finalmente, dos breves cuestiones: en primer lugar, lo más desagradable de esto es el gasto de recursos de todos los chilenos en una empresa privada para realizar el monitoreo si, tal como los mismos profesores parten diciendo, bastaba hacer un seguimiento más simple de los Trendic Topics y los hashtag, en el caso de Twitter. En segundo término, coincido en el diagnóstico de Fábrega y Paredes, es claramente llamativo que el mundo político (la oposición, sobre todo) expresara su repudio a la medida sólo cuando el tema se convirtió en Trendic Topic –y no necesitaron monitoreo licitado para ‘sintonizar’ con las redes sociales-.